El decreto que el ex ministro Campos firmó y que convierten a la notaría de Pirque en un botín de oro

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Un negocio inmobiliario de al menos 600 mil millones de pesos y un cargo en que el elegido puede recibir como ingresos más de 20 millones de pesos mensuales. Esos son los ingredientes que hicieron al ex secretario de Estado insistir, con especial fuerza, en el nombramiento del abogado Ricardo Moyano, pese a que la Contraloría objetó su designación por no cumplir con las calificaciones necesarias y advirtió un eventual conflicto de intereses, ya que Moyano puso entre las referencias para acceder al cargo al propio Campos, quien en su calidad de titular de Justicia debía tomar la decisión final.

El ex ministro de Justicia Jaime Campos, dejó su cargo en medio de la controversia por haberse negado a firmar el decreto con la orden presidencial para cerrar la cárcel de Punta Peuco, especial para militares. "No podía aceptar un acto ilegal", dijo en medio de su postulación para encabezar, en calidad de Gran Maestro masónico, la Gran Logia de Chile.

Sin embargo, Campos fue mucho más eficiente para impulsar los decretos que tuvieron relación con fusionar y abrir nuevas notarías. Uno de los más cuestionados fue el que nombraba a Luis Toledo como notario en San Fernando. La decisión se leyó como un "premio" para el fiscal del caso Caval, que no tocó a Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta Bachelet. Bajo presión, Toledo decidió renunciar a la postulación.

Pero además de ese caso, donde Campos tuvo que bajar la cabeza y aceptar que desde La Moneda le impusieran a Toledo por sobre el nombre que él había definido para San Fernando, existe otra designación polémica, también llena de decretos y no menos controvertida, en la que Campos desplegó toda su artillería jurídica para enfrentarse incluso contra Contraloría y defender, así, la nominación de un joven abogado para el triple cargo de notario, archivero y conservador de Pirque, un codiciado y estratégico puesto que solo en esa comuna mueve un negocio inmobiliario de más de $600 mil millones.

Poco le importó a Campos que la Contraloría le rechazara el nombre, tras acusar al designado notario, archivero y conservador de carecer de las calificaciones para el cargo, o que incluso él mismo –siendo el ministro que tenía la última decisión– figurara en el currículo del postulante elegido como una de las referencias a consultar para obtener el cargo. Campos, en este caso en específico, no dejó nada sin firmar.

El negocio inmobiliario

Toda la polémica se origina en el Decreto Exento 1515, firmado en agosto de 2017. Este texto oficializó la creación de 62 nuevas notarías, cinco nuevos Conservadores de Bienes Raíces y entre ellos 20 puestos donde el funcionario es notario y conservador al mismo tiempo.

Campos fue tan diligente y veloz, que la Corte Suprema admitió que se enteró del proceso por la prensa. “Hay un principio de cortesía, en el sentido que el más alto tribunal de justicia, como es la Corte Suprema, por lo menos esté interiorizado y no sepa de esta creación por la prensa o por oficios o notas de una asociación de notarios y conservadores”, dijo el entonces vocero del alto tribunal, Milton Juica, que además no ocultó sus críticas al proceso.

El caso de la Quinta Notaría de Puente Alto es particular. La decisión firmada por el entonces ministro ordena la fusión de tres cargos, notario, archivero y conservador. Esto tiene especial interés porque en Pirque está en curso un proceso de regularización de unas dos mil hectáreas de terrenos. Se trata de predios vendidos sobre suelos agrícolas. Cada hectárea puede llegar a costar entre 40 y 60 millones de pesos. En cada regularización de los predios, interviene (y cobra) un notario, un conservador de bienes raíces y un archivero judicial, donde queda el respaldo de las respectivas inscripciones.

En otro decreto enviado a la Corte de Apelaciones de San Miguel, que debía pronunciarse sobre la apertura de nuevas plazas para notarías, Campos justifica el caso de Pirque en el aumento que tendrá la población en esa localidad, las empresas instaladas en la zona y, por consiguiente, estima un incremento de los trámites asociados a estos nuevos cargos. Lo que, según dijo al tribunal de alzada sanmiguelino, “refleja la necesidad de dividir el territorio jurisdiccional que actualmente sirve al conservador y archivero de Puente Alto, a fin de crear un cargo de conservador y archivero para la comuna de Pirque, anexándolo al actual oficio notarial existente en dicha comuna".

Sin calificaciones

El elegido para el cargo fue un abogado de 38 años, Ricardo Moyano Monreal, que renunció a su puesto como jefe de gabinete del entonces ministro de Agricultura, Carlos Furche. El nombre de Moyano no es tan ajeno a las funciones que debería desempeñar en su nuevo cargo. La regularización de terrenos implica coordinarse precisamente con el Ministerio de Agricultura y con el Servicio Agrícola y Ganadero, lo que significa tener experiencia en la legislación. Campos también sabe de lo que habla, fue ministro de Agricultura en el gobierno de Ricardo Lagos.

Pero la Contraloría, que finalmente debía tomar razón del nombramiento de Moyano, elegido por el ministerio en una terna, anuló su designación. Básicamente porque no cumplía con las calificaciones necesarias.

Moyano estaba en el puesto 43 de entre 115 postulantes e igual fue designado. En una resolución del 17 de noviembre pasado, el organismo contralor afirma que "el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en uso de sus facultades, ha escogido a una persona que no debió ser considerada en la presente designación, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el antedicho artículo 282 [del Código Orgánico de Tribunales] y en las bases concursables elaboradas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el señor Moyano Monreal no podía formar parte de la terna en cuestión, lo que debió ser advertido por dicha Secretaría de Estado al momento de adoptar su decisión".

Además la Contraloría destacó un posible conflicto de intereses, a partir de que en su currículo Moyano puso a Campos como referencia laboral. De acuerdo al órgano contralor, este hecho significa "un potencial conflicto de interés en razón de circunstancias objetivas que pueden restarle la imparcialidad con que deben desempeñarse, tal como se observa en la especie".

Cabe mencionar que el negocio inmobiliario en Pirque tiene una perspectiva de al menos $ 600 mil millones. Y el notario-conservador puede llegar a recibir como ingresos unos 20 millones de pesos mensuales. Además, el elegido para el puesto puede quedarse en el cargo hasta los 75 años.

Campos vuelve a la carga

El 23 de enero de este año, poco más de un mes antes de dejar el cargo, el entonces ministro Jaime Campos insistió con un oficio ante la Contraloría, para que validara el nombramiento de Moyano. Usando la mejor retórica jurídica, refutó las objeciones del organismo contralor. Campos advierte que es una decisión autónoma de la Corte de Apelaciones de San Miguel poner a Moyano en la terna –desde donde salió el elegido–, a pesar de sus bajas calificaciones.

"Sostener que el Poder Ejecutivo tiene facultades para controlar la legalidad de los actos propios e internos de los Tribunales de Justicia o de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, o que quien suscribe debe advertir y representar los eventuales errores que se cometen en tales procedimientos, implica atentar contra la Separación de los Poderes Públicos y la Autonomía del Poder Judicial, principios básicos del ordenamiento constitucional chileno, acciones que bajo ninguna circunstancia el suscrito se atrevería a realizar", aseguró.

Y por si quedaran dudas, insiste en su argumento. "La lltma. Corte de Apelaciones de San Miguel elaboró una terna para proveer el cargo de Notario de la Quinta Notaría de Puente Alto, con asiento en la comuna de Pirque. Luego, si el señor Moyano Monreal podía o no podía formar parte de esa lista, si debía o no debía conformar la misma, es una cuestión de mérito propia de la resolución de esa Corte. Dicha terna quedó firme y ejecutoriada, de manera que produjo los efectos de la cosa juzgada que generan las actuaciones judiciales. Las tres personas incluidas en ella son chilenos, abogados y con más de un año en el ejercicio de la profesión de abogado, tal como lo exige la ley. Según sus potestades, a este Ministerio solo le correspondía escoger a una de las personas individualizadas, no debiendo ni pudiendo marginar a ninguna, lo que en definitiva se hizo. Todo lo relacionado con los procesos del llamado a concurso, selección de postulantes y confección de la terna, es una materia propia del Poder Judicial, en los que, insisto, no puedo ni debo intervenir, y que, de haber vicios, correspondió que fuesen discutidos, impugnados y resueltos a través de los procedimientos de impugnación que existen al interior de ese Poder del Estado", enfatizó el entonces ministro.

En cuanto a lo segundo, su eventual cercanía con el elegido, Campos lo niega y cita las leyes 20.880 y 18.575 para decir que no tiene ningún conflicto de intereses como los descritos en esas leyes. Admite que conoce a Moyano como a otros 4 mil abogados a lo largo de su vida profesional. "Es efectivo que conozco al señor Moyano Monreal, tanto en su pasado desempeño en la Dirección Económica de la Cancillería, como en su reciente gestión en el Ministerio de Agricultura aunque nunca ha trabajado bajo mi dependencia, del mismo modo que también recuerdo a muchos de los colegas y/o alumnos que se han cruzado en mi larga vida profesional, empero, ello no implica que sea mi amigo o pariente, en los términos planteados por la disposición citada, o que tenga con él una intimidad, vinculación o compromiso que reste imparcialidad a mis actuaciones, de aquellos que constituyen antecedentes objetivos que provocan un potencial conflicto de intereses", expresa.

De cualquier forma, el apuro no fue suficiente. El miércoles, en su segunda exposición ante la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, el nuevo ministro Hernán Larraín confirmó que se revisarán todos los nombramientos y que se incluirá una serie de normas en el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso, para mejorar la transparencia en las designaciones y los concursos de ingreso para estos cargos.

En los próximos días, el Gobierno enviará una indicación sustitutiva en la que se establece que no podrán ser notarios suplentes ni interinos quienes no hayan aprobado el curso de habilitación; además de extender incompatibilidades a miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial; exigir un examen obligatorio de conocimientos jurídicos y perfil sicológico; y que las ternas contemplen solo a los que obtengan los diez primeros lugares del examen de cada concurso.

Fuente: El Mostrador

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