Se informó que el 37% de las fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Aguas se iniciaron por denuncias de la ciudadanía, mientras que el 63% se hizo por antecedentes de la propia unidad de fiscalización de la DGA.
No contar con el sistema de monitoreo de extracciones efectivas; realizar obras no autorizadas en cauces; extracciones de aguas no autorizadas; extracciones de áridos no autorizadas, y la realización de obras mayores fueron las principales razones por las que tanto personas jurídicas y naturales fueron las principales fiscalizadas y sancionadas por la Dirección General de Aguas (DGA) y sancionadas por su incumplimiento en 2023.
Así lo dio a conocer la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien destacó que el año pasado la DGA resolvió un 40% más de fiscalizaciones que el 2022 y aplicó 756 multas por un total de 8 mil 700 millones de pesos, monto que es un 64% más alto que el de 2022.
La ministra López destacó que “el cuidado y protección de los recursos hídricos es una prioridad para nuestro gobierno y es por eso que, desde que asumimos, nos comprometimos con la actividad fiscalizadora y fortalecimos los equipos e invertimos fuertemente en tecnología. Esto hoy tiene resultados: en 2023 logramos aumentar de manera importante los expedientes de fiscalización resueltos y fue el año en el que se aplicaron multas más altas de la historia”.
La secretaria de Estado agregó que “en un país donde cada vez la disponibilidad de agua es menor, donde estamos teniendo una situación hídrica cada vez más estrecha, tenemos que asegurarnos de que los recursos hídricos los gestionamos bien y evitar las infracciones a la ley como la extracción no autorizada, que se llama robo de agua. Desde los territorios se pide una acción cada vez más presente, más efectiva por parte de la Dirección General de Aguas, y es lo que buscamos hacer y avanzar en el futuro, así como hemos dado este salto bien importante durante el año 2023”.
En el balance, la ministra López detalló que de las fiscalizaciones realizadas, el 37% se iniciaron por denuncias de la ciudadanía, mientras que el 63% se hizo por antecedentes de la propia unidad de fiscalización de la DGA.
A nivel regional, Valparaíso lidera la cantidad de fiscalizaciones resueltas (278), seguido por Coquimbo (188) y La Araucanía (173). La Región de Valparaíso también lidera el total de multas cursadas por más de 2.500 millones de pesos.
La ministra López destacó que “estos resultados que estamos viendo hoy son fruto de un importante esfuerzo que hicimos como gobierno de potenciar en 28% el personal de la unidad de Fiscalización, y a la fuerte inversión en tecnología con implementos como las técnicas de teledetección, comparación de imágenes satelitales, drones de batimetría, drones con tecnología láser y sistemas topográficos de alto rendimiento, entre otros”.
Agregó que si bien la fiscalización se ha fortalecido “queremos seguir avanzando y uno de los nudos críticos es lo complejo y extenso del proceso de fiscalización y sanción. Es por esto que ingresamos al Congreso un proyecto que busca la simplificación del proceso y que ha tenido una muy buena acogida por los parlamentarios, por lo que esperamos que se apruebe prontamente”.
