El fraude se llevó a cabo en la sucursal utilizando datos y una fotocopia de cédula falsa del cliente. La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica ordenó al banco devolver la suma defraudada en cinco días hábiles.
El 23 de julio, la Corte de Apelaciones de Arica dictó un fallo unánime en el que ordena al Banco Estado restituir $34 millones a una clienta cuya cuenta fue defraudada desde una sucursal en la comuna de Pirque. El tribunal determinó que el banco actuó de manera arbitraria e ilegal al denegar la devolución de los fondos.
En la sentencia (causa rol 241-2024), la Segunda Sala, compuesta por los ministros María Verónica Quiroz Fuenzalida, José Delgado Ahumada y Rodrigo Urrutia Molina, concluyó que el banco no cumplió con el debido cuidado en la verificación de la identidad de quien retiró el dinero. A pesar de la suplantación de identidad y el uso fraudulento de datos personales, el banco permitió el retiro sin realizar una verificación adecuada.
Los delincuentes lograron realizar el fraude utilizando una fotocopia de la cédula de identidad de la clienta. Presentaron el documento en una sucursal del banco diferente a la habitual de la cuentacorrentista y, mediante un mandato especial por escritura pública, realizaron el retiro de los fondos. Aunque la fotocopia tenía inconsistencias notables con la cédula real, como diferencias en la fotografía, firma y año de nacimiento, el banco no realizó una verificación suficiente y permitió la transacción sin alertar a la clienta ni confirmar la autenticidad del giro.
El fallo destaca que, aunque el fraude se realizó mediante un mandato especial por escritura pública, el banco no alertó a la clienta ni corroboró la autenticidad del giro. La entidad bancaria falló en adoptar medidas de seguridad necesarias para proteger los fondos, utilizando un protocolo de verificación que no fue suficiente para prevenir el fraude.
La Corte de Apelaciones resolvió que el banco debía restituir los $34 millones defraudados dentro de un plazo de cinco días hábiles desde la ejecución de la sentencia. Además, el fallo deja abierta la posibilidad de tomar acciones penales, civiles y/o administrativas para asegurar el cumplimiento de la ley y el resarcimiento total del daño.
Fuente: Poder Judicial
