Durante las labores de mantención se detectaron cinco focos de contaminación en el canal Cruceral, dos con descargas sanitarias en flagrancia.
La Asociación de Canalistas Canal de Pirque inició este mes de julio su tradicional operativo de mantención, abarcando los 55 kilómetros de su red principal, compuesta por cinco canales matrices. Las labores se concentran en el desmalezado, limpieza y pintura de marcos, y retiro de material acumulado, en preparación para el periodo de riego de alto flujo que comienza en septiembre.
"Este año el directorio tomó la decisión de realizar la limpieza en la segunda quincena de julio, con el objetivo de no arriesgar el periodo de mayor riego, que parte en septiembre. La idea es que, de aquí en adelante, se mantenga este calendario, ya que tiene el menor impacto en la agricultura", explicó Rodrigo Rusque, secretario del directorio y gerente general de la ACCP.
El canal Sirena, que nace en su bocatoma ubicada en San José de Maipo, es el tronco principal del sistema. A partir del sector de Puntilla se distribuyen los canales Santa Rita, La Isla, El Llano y El Cruceral, todos dentro de la comuna de Pirque.
Durante los trabajos de limpieza —que se aprovechan para realizar inspecciones con los canales secos—, el equipo técnico detectó cinco puntos de descarga ilegal en el canal Cruceral, dos de ellos con evidencia de aguas servidas vertidas directamente al cauce.
"Hemos detectado un mal uso en nuestros canales. Está prohibido realizar descargas de basura o sanitarias. Estos canales están destinados al riego agrícola, consumo ganadero e incluso para potabilización de agua", advirtió Rusque. "Ya se tomaron acciones junto al municipio y Carabineros. Se realizaron denuncias formales y se está citando a los responsables al Juzgado de Policía Local por delito de contaminación de aguas".
El gerente también alertó sobre el impacto que estas descargas pueden tener en comunidades que aún no cuentan con agua potable y potabilizan el agua del canal para su consumo. "Esto agrava su situación, porque no tienen cómo verificar la calidad real del agua. El daño ambiental y sanitario es muy serio, y por eso también informaremos a la Seremi de Salud", concluyó.
Desde la Asociación recalcaron la importancia de que las denuncias ciudadanas sean canalizadas con prontitud, y aseguraron que continuarán realizando fiscalizaciones durante todo el año.
Las sanciones por este tipo de hechos pueden provenir de diversas autoridades. Los municipios pueden aplicar multas a través del Juzgado de Policía Local. La Dirección General de Aguas (DGA) puede imponer sanciones de entre 10 y 500 UTM, especialmente en zonas con escasez hídrica. Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) clasifica las infracciones como leves, graves o gravísimas, con multas que pueden alcanzar hasta las 10.000 UTA en casos de contaminación severa.
Desde la Asociación de Canalistas fueron enfáticos en señalar que estas infracciones no solo representan un delito ambiental, sino también un riesgo directo para la salud pública y la seguridad hídrica de la comuna.
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