La instancia busca esclarecer el manejo financiero y administrativo en la Corporación Municipal de Salud y Educación, tras revelarse millonaria deuda en el último informe contable.
En la última sesión del consejo municipal de Pirque, realizada el jueves 6 de septiembre, los concejales expresaron la necesidad de realizar una auditoría exhaustiva tanto a la corporación municipal como al propio municipio de Pirque.
Esto fue producto de una entrevista que dio el concejal Luis Batalle en el programa 'La Entrevista' de Portal Pirque, donde dio a conocer la deuda de la Corporación Municipal de Pirque al mes de junio del 2024, la cual alcanzaría los "1.247.786.469 pesos". En este mismo sentido, una semana después, el alcalde Jaime Escudero, invitado al mismo programa, confirmó dicha deuda.
Debido a esto, la iniciativa fue planteada principalmente por la concejala María Inés Mujica, quien manifestó su preocupación por la falta de transparencia y el manejo de los recursos en ambas instituciones.
Durante la sesión, la concejala Mujica destacó la importancia de una auditoría como medida para garantizar la claridad en la gestión de fondos. Donde según ella ha visto surgir múltiples problemas financieros y administrativos que no fueron detectados en las auditorías iniciales de la actual administración edilicia. “Es hora de que todo esto se transparente para tranquilidad de los habitantes de Pirque", señaló.
La solicitud fue respaldada por el concejal Luis Batalle, quien hizo referencia a un reciente informe publicado en el diario La Tercera, que revela irregularidades en varios municipios del país, incluido Pirque, donde no se han rendido 78.000 millones de pesos en reparticiones del Ministerio de Educación. “Este informe confirma que es imprescindible auditar la corporación. Tenemos que ser responsables con los recursos públicos y garantizar que no haya malas prácticas”, subrayó Batalle.
Así mismo el concejal Luis Batalle también apoyó la realización de una auditoría, calificándola como "muy sana". "Yo pedí una auditoría a la gestión del alcalde anterior, y ahora creo que es necesario hacerla en la Corporación para asegurar que todo esté en orden", subrayó Batalle, quien también destacó la relevancia de auditar la municipalidad en el término de la gestión.
En este sentido el concejal Sergio Ulloa se mostró de acuerdo con ambas auditorías "Estoy de acuerdo con que se haga una auditoría a la municipalidad, así salimos todos bien" y en relación a la Corporación Municipal señalo “Estoy de acuerdo con la auditoría para que sea todo transparente, y yo quede conforme.”
Por su parte, la concejala Betzabé Muñoz expresó su preocupación por los sindicatos correspondientes a la Corporación Municipal. "Me preocupa lo de los sindicatos porque es mucha plata la que se les debe", afirmó, y agregó: "Hay situaciones críticas que son de arrastre, pero no podemos ponernos el parche antes de la herida."
Asimismo el Administrador Municipal Carlos Mellado al ser interpelado por la concejal María Ines Mujica sobre las dudas en la administración municipal señaló “quiero explicar que la deuda de pasivos que hay hoy en la municipalidad es de unos 150 millones de pesos, que equivalen al 1.8% del presupuesto municipal”.
El alcalde Jaime Escudero, aunque inicialmente mostró cierto desacuerdo con el tono de las críticas, terminó aceptando la propuesta de auditoría. "Para que estemos todos tranquilos, es mejor que se haga la auditoría", afirmó el alcalde, indicando que también buscaría recursos para llevarla a cabo.
En la misma línea, el Secretario General de Corporación Municipal Cristian Galdames, advirtió sobre el costo que implica realizar una auditoría externa. "La última auditoría que realizamos costó alrededor de 20 millones de pesos, considerando las crisis que enfrentamos, deberíamos considerar si esos recursos se pueden utilizar de manera más eficiente", comentó.
Finalmente, el consejo acordó que la auditoría de la corporación municipal se realizará de manera prioritaria, mientras que la auditoría del municipio se programará para los próximos meses, a fin de cerrar cualquier posible brecha en la gestión de recursos.
Con esta decisión, los concejales y el alcalde buscan asegurar la transparencia en la administración municipal y garantizar el correcto uso de los fondos públicos, ofreciendo respuestas a la comunidad sobre la situación financiera actual al término de sus períodos.
