La propuesta, enviada a segundo trámite, amplía en dos años el plazo para la regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas, extendiéndose hasta el 6 de abril de 2027.
En una decisión que busca aliviar la carga administrativa y promover la equidad en el acceso al agua, la Cámara de Diputados aprobó recientemente una prórroga de dos años para la regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas.
La propuesta, que ahora pasa a su segundo trámite legislativo, está dirigida principalmente a los pequeños agricultores y comunidades rurales, quienes han enfrentado dificultades para completar este proceso.
Un alivio para pequeños agricultores y comunidades rurales
La medida, impulsada por el proyecto de ley (boletín 17151) y respaldada por parlamentarios de distintos sectores, responde a una moción del diputado Víctor Alejandro Pino (DEM). A ella se sumaron los diputados Yovana Ahumada (IND), Miguel Ángel Calisto (IND), Benjamín Moreno (PREP), Emilia Nuyado (PS), Joanna Pérez (DEM) y Jorge Saffirio (DEM).
En lo central, la iniciativa busca enmendar la Ley 21.435, que reformó el Código de Aguas en 2022 y estableció un plazo original de 18 meses para la regularización de derechos de aguas. Ahora, dicho plazo se amplía hasta el 6 de abril de 2027.
Según explicó el diputado Moreno, miembro de la Comisión de Recursos Hídricos, este ajuste surge como respuesta a las limitaciones estructurales que enfrentan comunidades rurales y pequeños agricultores. En estas zonas, muchos carecen de acceso a la información y a la tecnología necesarias para completar los trámites de regularización. En particular, en áreas rurales, la digitalización limitada de los conservadores de bienes raíces ha sido un obstáculo significativo.
Desigualdad en los plazos y falta de apoyo
Uno de los puntos más críticos abordados durante el debate es la desigualdad entre los agricultores que acceden a los beneficios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y aquellos que no. Mientras los primeros disponen de cinco años para regularizar sus derechos, los segundos tienen un plazo mucho menor, apenas 18 meses. La extensión aprobada intenta equilibrar esta diferencia y dar un respiro a quienes han tenido que lidiar con un proceso complejo y, en muchos casos, poco accesible.
Además, se destacó la falta de difusión y acompañamiento para que los usuarios comprendan y puedan completar adecuadamente el proceso de inscripción. Esta carencia afectó especialmente a adultos mayores y personas con escasa preparación digital o técnica.
Un llamado al acompañamiento estatal
Durante la discusión en sala, los diputados Felipe Donoso (UDI), Carolina Tello (FA), Nathalie Castillo (PC), Chiara Barchiesi (PREP) y Víctor Alejandro Pino (DEM) subrayaron la necesidad de apoyar a los pequeños agricultores con este nuevo plazo. Afirmaron que, además de la extensión, es fundamental que el Estado se comprometa a facilitar el proceso con herramientas que lo hagan más accesible y amigable.
Los parlamentarios hicieron un llamado a implementar políticas de acompañamiento que puedan asistir a las personas en el proceso de inscripción, especialmente a quienes tienen menos conocimientos digitales. También instaron a las autoridades a enfocarse en los adultos mayores y en aquellos grupos que puedan encontrarse en desventaja para cumplir con este tipo de trámites.
Con esta prórroga, el Congreso busca no solo evitar la caducidad de derechos hídricos, sino también dar una señal de apoyo a quienes sostienen gran parte de la actividad agrícola en zonas rurales del país. La medida avanza ahora a su segunda fase en el Senado, donde se espera continuar el debate en torno a cómo mejorar y simplificar el acceso al agua, un recurso fundamental para la vida y el desarrollo económico de las comunidades más vulnerables.
