Municipio de San José de Maipo Presenta Querella Criminal por Incendio Forestal en El Canelo

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El siniestro en El Canelo arrasó con 38 hectáreas, destruyó 14 viviendas y obligó a evacuar a más de 120 personas. La querella presentada por el municipio busca establecer responsabilidades ante los graves daños ambientales, sociales y el riesgo de futuros desastres.

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La Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, representada legalmente por su alcalde Roberto Pérez Catalán, presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables del incendio forestal que afectó gravemente al sector de El Canelo Alto, en la comuna de San José de Maipo.

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El siniestro, ocurrido el 19 de enero de 2025, consumió 38 hectáreas de vegetación, destruyó 14 viviendas, provocó daños en otras dos estructuras y obligó a evacuar a más de 120 personas. Según se indica en el documento presentado al Juzgado de Garantía de Puente Alto, el incendio se habría originado por la combustión de materiales vegetales domiciliarios, propagándose rápidamente debido a la presencia de pastizales y desechos acumulados.

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Las condiciones climáticas adversas, como altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos, complicaron el combate del fuego, que se mantuvo activo durante más de 72 horas, siendo finalmente extinguido el 22 de enero.

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El Municipio sostiene que el incendio no solo causó pérdidas materiales significativas, sino que también generó un grave desequilibrio ecológico y un alto riesgo de desastres secundarios como erosión, aluviones, contaminación de fuentes de agua y amenazas a la salud pública. Por ello, la querella invoca delitos establecidos en los artículos 476, 479 y otros del Código Penal, que sancionan con penas de presidio mayor el incendio de bosques y vegetación, especialmente cuando se afectan zonas protegidas o se pone en riesgo la vida humana.

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Además, se solicita que se investigue si hubo negligencia grave o acción dolosa, y se pide al Ministerio Público la realización de diversas diligencias, incluyendo peritajes técnicos y declaraciones de propietarios, testigos, bomberos y funcionarios de CONAF.

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En su presentación, la municipalidad afirma su legitimidad para actuar como querellante, argumentando que el incendio comprometió la seguridad pública, el medioambiente comunal y la calidad de vida de los habitantes. También destaca la movilización de recursos públicos significativos para enfrentar la emergencia, los cuales podrían haberse destinado a otras necesidades locales.

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La acción legal busca establecer responsabilidades y evitar que hechos de esta magnitud se repitan, especialmente ante la proximidad de lluvias que podrían agravar los riesgos de deslizamientos e inundaciones en la zona afectada.

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