Entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, 242 municipios otorgaron o renovaron licencias a más de 3.400 deudores, incumpliendo la ley. Seis comunas entregaron más de 100 documentos de manera irregular. La Contraloría anunció nuevas fiscalizaciones.
Entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, 242 de las 345 municipalidades del país infringieron la normativa al otorgar o renovar licencias de conducir a más de 3.400 personas registradas como deudoras de pensión de alimentos.
De acuerdo con el cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República (CGR), el 70% de los municipios del país incumplieron la ley N° 21.389, que establece el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La normativa prohíbe el otorgamiento o renovación de licencias de conducir a quienes figuren en dicho registro.
El informe detalla que 243 municipalidades entregaron un total de 3.432 licencias a personas con deudas de pensión alimenticia, las cuales adeudan un total de $17.473.007.109, correspondientes a 4.706 alimentarios. En la Región Metropolitana, el 94% de las municipalidades incumplió la normativa. Además, seis municipios registraron más de 100 licencias entregadas de manera errónea: Antofagasta (172), La Granja (117), Lo Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).
La CGR enfatizó que la responsabilidad recae en el funcionario municipal encargado de la solicitud, quien debe verificar si el solicitante está inscrito en el Registro Nacional de Deudores. De no cumplir con este procedimiento, podría enfrentar sanciones disciplinarias que incluyen multas entre el 10% y el 50% de su remuneración.
Deudores familiares de funcionarios
El informe también reveló que 65 funcionarios municipales obtuvieron o renovaron su licencia de conducir en la misma municipalidad donde trabajan, pese a estar inscritos en el Registro de Deudores de Pensión Alimenticia. Asimismo, se identificó que 482 personas deudoras de pensión alimenticia son familiares de funcionarios municipales y recibieron su licencia en el municipio donde estos laboran.
Ante estos antecedentes, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General evaluará futuras fiscalizaciones para corroborar eventuales infracciones y adoptar las medidas correctivas correspondientes.
