La demanda colectiva será coordinada desde el Municipio de Pirque. El alcalde Cristián Balmaceda indicó incluir a todos los afectados por el corte de luz, también por las alzas y bajas de voltaje que ocasionaron daños.
Para el Alcalde de Pirque la nevazón que comwenzó la madrugada del sábado no fue un problema de fuerza mayor para el prolongado corte de luz en nuestra comuna, a su juicio la mala mantención alrededor del tendido eléctrico en Pirque originó esta situación “No basta con una cuadrillas para la comuna que fue la más afectada en la Región Metropolitana, se requería mucho más. Para mí esto no fue por fuerza mayor, este problema se habría evitado o el impacto habría sido menor si CGE hubiera realizado un oportuno trabajos de poda y cortes de árboles, para despejar los sector donde pasa el tendido eléctrico, como lo indica la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Lo que a mi juicio es una mala mantención” explicó.
El edil señaló que le han llegado denuncias de pérdidas de alimentos y medicamentos, por corte de la cadena de frío. Así como también, se ha denunciado la pérdida de artefactos eléctricos que resultaron dañados por las alzas y bajas de voltaje.
Por esta razón la acción legal pretende incluir a todos los afectados por el corte de luz “Esta acción legal de la municipalidad, busca incluir a todos los afectados por el corte de luz, pero también por las alzas y bajas de voltaje que ocasionaron daños a equipos o artefactos eléctricos” afirmó Balmaceda.
Por su parte, la concejala de Pirque Natalia Pérez quien cursa su último año de leyes en la Universidad Diego Portales, explicó que lo conveniente es sumarse a esta iniciativa legal y no presentar demandas individuales, pues la instancia colectiva da mayor fuerza a esta acción, destacando que en su momento se podrá detallar los perjuicios particulares de cada cliente.
En este sentido Natalia Perez, quien ha sido junto al alcalde gestores de esta iniciativa, reconoce que este proceso puede tardar meses, señala que es importante guardar la mayor cantidad posible de pruebas -como boletas o fotos- para exigir una indemnización.