Una denuncia realizada en 2023 volvió a ser recordada tras las alertas por más de 200 menores haitianos cuyo paradero no ha podido ser confirmado. El caso mantiene bajo investigación a distintas instituciones del Estado.
Una denuncia realizada públicamente en 2023 volvió a ser recordada en medio de la investigación por el ingreso de menores haitianos a Chile y las graves fallas detectadas por la Contraloría General de la República.
El 27 de junio de 2023, un ciudadano extranjero llegó hasta el frontis del Palacio de La Moneda portando un cartel con el mensaje: “Tengo información sensible que afecta a la seguridad nacional”. Tras permanecer en el lugar, logró ingresar al recinto y explicó que los antecedentes que buscaba entregar estarían relacionados con una presunta red de explotación sexual infantil y espionaje masivo.
En ese momento, el hombre señaló que lo que había revelado era solo una parte de la información que decía tener. Según su testimonio, había presentado una denuncia meses antes y cuestionaba que no se hubieran realizado diligencias suficientes, especialmente en relación con antecedentes que, según su versión, involucraban a su hija menor de edad.
“Le dije quiénes eran sus líderes, sus modos de operar, cómo trabajaban, y nunca me han llamado de la Fiscalía ni de ningún lado”, señaló entonces, agregando que esperaba ser recibido por la autoridad correspondiente para entregar más antecedentes.
Aunque no existe una confirmación pública que vincule directamente aquella denuncia de 2023 con la investigación actual sobre menores haitianos, el episodio volvió a circular luego de conocerse los antecedentes levantados por Contraloría y la preocupación instalada en distintas instituciones del Estado.
De acuerdo con lo informado, el preinforme reservado de la Contraloría detectó graves fallas en el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo procesos de reunificación familiar. Entre los puntos observados se mencionan registros incompletos, falta de verificación suficiente del vínculo entre los menores y los adultos acompañantes, diferencias entre datos de organismos públicos y problemas para ubicar a parte de los niños en los domicilios declarados.
Uno de los antecedentes que más preocupación generó fue que, en una muestra revisada por Contraloría, más de 200 menores haitianos no fue encontrada en las direcciones informadas. Esto abrió interrogantes sobre su paradero, las condiciones en que ingresaron al país y la eventual vulneración de sus derechos.
El caso también involucra vuelos chárter provenientes de Haití, realizados durante 2025, mediante los cuales ingresaron menores acompañados por adultos cuya relación familiar o legal no siempre habría sido debidamente acreditada. Estos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y dieron origen a una investigación penal por eventuales delitos asociados al tráfico de menores, además de otras posibles irregularidades.
Frente a esta situación, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast convocó a una reunión en La Moneda con representantes de los tres poderes del Estado, además de la Fiscalía Nacional, la Contraloría y la Policía de Investigaciones. El objetivo, según informó el Ejecutivo, es coordinar una respuesta institucional y avanzar en la búsqueda de los menores cuyo paradero no ha podido ser confirmado.
La coordinación del trabajo quedó a cargo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien deberá articular la información entre ministerios, servicios públicos y organismos vinculados a la protección de la infancia.
Además, el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual caso de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití entre enero y octubre de 2025.
Desde el Gobierno se ha señalado que la prioridad será establecer el paradero y estado de los niños, niñas y adolescentes involucrados, junto con determinar si existieron vulneraciones de derechos o responsabilidades administrativas y penales en el proceso.
El caso continúa en desarrollo y mantiene en alerta a las instituciones del Estado, en medio de cuestionamientos por la falta de trazabilidad, coordinación y control en el ingreso de menores extranjeros al país.
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